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| El humo desnuda la impericia |
| 23 de abril, 2008 |
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Cabe decir, por sobre todo lo que se ha dicho y escrito acerca de la cuestión del humo sobre Buenos Aires, que tanto la prevención como el accionar posterior de los organismos del Estado (nacional y provincial, pero básicamente los primeros, por obvias razones de potencia) han sido perfectamente inoperantes. La condición de intencional de los fuegos iniciados en el delta no le otorga atenuantes. Se ha dicho hasta el hartazgo, que el 90 por ciento de los fuegos, en todas las geografías, son iniciados por el hombre y no de modo natural. De ese total, la inmensa mayoría de los fuegos comienza provocado por alguien porque responde a intereses, en general inmobiliarios alrededor de los parques nacionales, o –como en este caso- a una práctica agrícola arcaica. Pero aún cuando se descubriera que los incendios de pastizales están siendo provocados por energúmenos que pretenden de ese modo presionar al gobierno para sacar una ventaja en alguna negociación rural, el origen sería el mismo (intencional) que en todos los casos anteriores y eso no suavizaría de ninguna manera la responsabilidad oficial para prevenirlos o ir a apagarlos.
Desde hace más de diez días, un inmenso sector de las islas del delta arde sin respuesta eficaz de parte de las autoridades. Curiosamente, y todos los medios –sin ninguna capacidad de acceso a sus propios archivos y plagiándose los unos a los otros- se olvidaron que en los parques nacionales del sur, más precisamente en Los Alerces, ardieron decenas de miles de hectáreas hace apenas un par de meses. Los abnegados bomberos de la provincia de Chubut y el personal capacitado de Parques Nacionales, con una modesta ayuda del Plan nacional de Manejo del fuego, que depende de Picolotti, lograron detener los incendios –también intencionales- y fueron considerados héroes en todos los medios de comunicación. ¿Por qué en estos días nadie se preguntó por la increíblemente asimétrica respuesta en uno y otro caso?
Uno de los datos que para este informe se pudo confirmar es que, de manera sorprendente, ninguno de los profesionales de parques nacionales que combatió aquellos fuegos, fue convocado en esta oportunidad por Picolotti. Y la convocatoria debía de ser explícita, puesto que parques nacionales no tiene jurisdicción sobre esos incendios, ocurridos en campos privados. Lo que hace más inquietante la situación es que al mismo tiempo en que nadie puede frenar los fuegos en el delta, los bomberos de Parques Nacionales estaban apagando incendios en el parque nacional Mburucuyá, en la provincia de Corrientes, en un ecosistema de pastizales, demasiado similar a aquel que tiene a mal traer a toda la ciudad de Buenos Aires.
Al margen de la discusión estéril acerca de si el humo es o no perjudicial para la salud (el sentido común indica que sí, más allá de que atraviese o no los umbrales de la normativa vigente) es imposible negar que estamos ante un serio problema ambiental. El asunto es cuando empezó y que desastre ambiental oculta (o revela) el humo.
Suele decirse que la mejor política ambiental no es la que soluciona problemas sino la que impide que se expresen. El humo que mantiene a quince millones de personas como rehenes ecológicos de la inescrupulosidad de ciertos productores es una confirmación de esa hipótesis.
La quema de pastizales era una acción ritual en las islas del delta cuando la ganadería era una práctica artesanal de subsistencia: el objetivo era despejar el “yuyo negro” que obstruye el “campo nuevo”, es decir la gramilla que comen las vacas.
Tras la crisis, la fisonomía de la producción agraria argentina se transformó. Y aparecieron víctimas ambientales de un avance feroz de la frontera agropecuaria que el Estado, como mínimo, contempló. Los bosques nativos del norte pasaron de ser áreas marginales a superficies con valor de mercado y destino de topadora, al punto que –con una enorme batalla de los ambientalistas mediante- debió llegar la ley de bosques para detener la barbarie. Las islas del delta, integrantes del riquísimo ecosistema conocido como humedal que actúa como extraordinaria esponja natural que equilibra el flujo de agua en la región, fueron otro blanco.
Con el acceso franqueado por el puente Rosario-Victoria, decenas de miles de hectáreas que se extienden hacia el sur pasaron de pantano a bocado del mercado inmobiliario. La cría familiar de ganado fue reemplazada por una actividad que llega desde la pampa empujada por la fiebre de la soja: hace ya cuatro años se estimaba que se había pasado de 40.000 a 190.000 cabezas de ganado en las islas a orillas del Paraná.
Pero nada es producto de la magia: en mayo de 2006 el gobierno de Entre Ríos anunció la “privatización” de 130.000 hectáreas de campos bajos e islas del departamento de Victoria. El objetivo era integrar a la producción ganadera tierras fiscales que la naturaleza, tozuda como siempre, había diseñado para una finalidad más ecológica. Las futuras quemas de pastizales estaban siendo inscriptas en el destino de esas tierras. La sorpresa y la acción tardía de estos días, entonces, no parecen justificadas: ya en el 2004, el documento “Quemar por dinero”, del Taller Ecologista de Rosario, ilustraba que “a partir de la verificación de los focos ígneos y con un simple cruzamiento de datos en la dirección de Catastro de Entre Ríos se puede individualizar con facilidad a los propietarios de los terrenos afectados”.
El problema del fuego no sólo son nuestras mucosas. Los incendios de esos pastizales, por su escala y el sobrepastoreo posterior al que son sometidos esos terrenos bajos, son el telón de una brutal transformación del ecosistema. Seguramente, en pocos años estaremos añorando un paisaje perdido que sólo quedará presente en algún parque nacional. Y padeceremos inundaciones o sequías sin identificar que su causa se gestó en estos tiempos de humo.
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